11.04.2025 11:30 a.m.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora
El borrador de la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la “Ruta Tipo de Reconversión Laboral” pone en entredicho derechos fundamentales de cientos de trabajadores del ecosistema taurino, vulnerando abiertamente artículos constitucionales como el 16, 18, 20, 25 y, especialmente, el 26. La medida, disfrazada de inclusión y diálogo, representa un "paño de agua tibia" frente a una prohibición abrupta y excluyente, que ignora el impacto social, cultural y económico de la tauromaquia en Colombia, además de la Carta Magna de 1991.
Arbeláez - Colombia. En medio del aparente avance hacia un país más justo y democrático, Colombia enfrenta hoy un escenario que pone en jaque no solo una de sus manifestaciones culturales más arraigadas, sino también el respeto a los principios constitucionales que garantizan la libertad y la dignidad humana. La reciente publicación del borrador de resolución que establece la “Ruta Tipo de Reconversión Laboral” por parte del Ministerio del Trabajo, pretende revestir de técnica e inclusión lo que, en realidad, encarna una profunda exclusión ideológica: el desconocimiento del universo taurino como fuente legítima de trabajo, cultura y vida. Esta medida, presentada como política pública de transición laboral, vulnera en su esencia derechos fundamentales consagrados en la Constitución, al imponer un modelo que expulsa sin garantías a miles de colombianos de su oficio, sin entender que reconvertir no es desarraigar, ni transformar es sinónimo de erradicar.
Constitución Herida: Derechos Fundamentales Ignorados en la Reconversión Laboral Antitaurina del Gobierno
Colombia, país de múltiples tradiciones y expresiones culturales, vive hoy una peligrosa paradoja: mientras la Constitución garantiza la libertad de conciencia, expresión, trabajo y elección profesional, el actual Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, impulsa un proyecto regulatorio que atenta contra todos esos principios en nombre de una reconversión laboral impuesta, incierta y desarraigada.
El reciente borrador de la “Ruta Tipo de Reconversión Laboral”, publicado por el Ministerio del Trabajo, se presenta como una fórmula para atender a sectores impactados por diversas transformaciones económicas y sociales. Sin embargo, entre sus líneas aparece claramente el sesgo antitaurino, evidenciado en su intención de gestionar la supuesta “reconversión” de trabajadores del mundo del toro, tras la prohibición de las corridas, sin atender con profundidad ni respeto a su impacto real, ni a las garantías constitucionales.
Los artículos 16 (libre desarrollo de la personalidad), 18 (libertad de conciencia), 20 (libertad de expresión), 25 (derecho al trabajo) y, especialmente, el 26 (libertad de escoger profesión u oficio), son heridos de muerte con esta medida que, bajo un lenguaje técnico y políticamente correcto, desconoce la vocación de miles de personas que han hecho del arte, la cría, la logística, la artesanía, la música, la prensa taurina, la cultura y el rito taurino, su forma de vida y su derecho legítimo.
El disfraz técnico del desarraigo
El borrador contempla la creación de Comités Técnicos Tripartitos y Mesas de Concertación, escenarios que en teoría deberían construir acuerdos laborales inclusivos. No obstante, la tauromaquia fue proscrita primero y apenas ahora se finge concertación, como si fuera posible reconstruir sin los ladrillos básicos de respeto, legalidad y escucha activa a los afectados.
Se dice que se abrirá el diálogo, pero ¿qué diálogo es ese donde el desenlace ya fue dictado desde una postura ideológica impuesta, no desde un consenso plural? ¿Puede hablarse de inclusión cuando se reduce toda una cultura a una estadística para “reubicar”?
¿Qué pasa con los mayorales, ganaderos, artesanos, músicos, periodistas, transportistas, comerciantes de comida, cuidadores, costureras, banderilleros, monosabios? ¿Y los municipios taurinos, sus ferias y economías circulares?
La tauromaquia, más allá del ruedo, es una red humana y profesional que articula saberes rurales, tradiciones familiares y oficios especializados, que no tienen simple sustituto en un mercado laboral tan frágil como el colombiano. Hablar de “reconversión” sin un verdadero estudio de impactos, sin planes concretos de financiación, sin rutas de empleabilidad real y, sobre todo, sin respeto por la identidad de quienes han elegido este camino profesional, es, como se dice en el argot criollo, echarle agua tibia a una herida abierta.
¿Qué se propone, entonces?
Este borrador debe ser revisado profundamente, discutido con verdaderos representantes del sector taurino, y no desde una visión paternalista o impositiva. Además, debe ser objeto de control de constitucionalidad, ya que al eliminar de facto un oficio legal y culturalmente protegido, desconoce el principio de pluralismo (Art. 1º), la protección del trabajo (Art. 25), el acceso a la cultura (Art. 70), y la diversidad de expresiones culturales (Art. 7º y 8º).
¿Y el fondo de sustitución?
Otra de las grandes incógnitas: ¿de dónde vendrán los recursos? ¿Cuál es el plan económico para reemplazar ingresos, ferias, espectáculos y contratos? ¿Quién garantizará la sostenibilidad de los empleos prometidos y su compatibilidad con los perfiles taurinos? Todo esto, por ahora, son silencios institucionales. Y los silencios, como las omisiones, también vulneran derechos.
Un llamado al país jurídico y cultural
Desde estas líneas, hacemos un llamado a la comunidad jurídica, a las altas cortes, a los sectores culturales y al periodismo libre: no se puede permitir que la ideología gobierne por encima de la Constitución. El respeto a la dignidad humana comienza por garantizar que cada colombiano pueda vivir de lo que ama, sabe hacer y ha elegido con libertad y responsabilidad.
El toreo en Colombia es legal, legítimo y constitucional. La prohibición impuesta y esta “ruta de reconversión” no es más que una herida camuflada de diálogo.
