05.11.2024 08:00 a.m.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora
La ley que busca prohibir la tauromaquia en Colombia a partir de 2027 plantea desafíos para la Corte Constitucional, que deberá resolver un complejo dilema sobre derechos fundamentales y el impacto económico de esta actividad. Los derechos a la identidad cultural, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad son algunos de los aspectos en juego, en un debate que también afecta el tejido económico y cultural de numerosas comunidades.
Arbeláez - Colombia. La reciente legislación que prohíbe las corridas de toros en Colombia a partir de 2027 ha desatado una amplia polémica sobre los derechos fundamentales, el impacto socioeconómico y el valor de las tradiciones culturales en el país. En una nación cuya Constitución protege tanto las libertades individuales como los derechos colectivos, la Corte Constitucional tendrá la última palabra para determinar si esta práctica cultural milenaria debe regularse o prohibirse. Este veredicto no solo definirá el futuro de la tauromaquia, sino que también pondrá a prueba el equilibrio entre las diversas libertades y derechos fundamentales que esta actividad enmarca.
La tauromaquia en Colombia no es únicamente una manifestación cultural; representa un conjunto de derechos que atraviesan varios ámbitos de la Constitución, desde el derecho a la identidad y la libertad personal, hasta la libertad de expresión, conciencia y el libre desarrollo de la personalidad. Los defensores de esta tradición argumentan que prohibir la tauromaquia constituiría una violación al derecho a la identidad cultural, un aspecto protegido en sociedades diversas como la colombiana, que valoran las prácticas comunitarias transmitidas a través de generaciones. Para quienes apoyan la continuidad de las corridas, el Estado debería preservar esta tradición en lugar de eliminarla, ya que es una manifestación de las costumbres y creencias del pueblo, lejos de ser una imposición colonial o ideológica.
Además, los derechos a la libertad de pensamiento y de conciencia, así como el derecho a la libertad de opinión y de expresión, son puntos cruciales en este debate. La tauromaquia, como expresión cultural y artística, otorga a sus seguidores la libertad de participar y disfrutar de esta práctica en un entorno socialmente aceptado. Limitar esta práctica sería, para muchos, una restricción indebida de la libertad de expresión y un intento de imponer un único punto de vista sobre una actividad que cuenta con un respaldo significativo en la población.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, otro principio constitucional, también se ve involucrado. Este derecho, que permite a cada individuo elegir libremente su estilo de vida y prácticas culturales, podría verse comprometido si se proscribe una actividad a la que miles de colombianos se sienten profundamente vinculados, tanto emocional como económicamente. La prohibición, limitaría a los aficionados y a las comunidades taurinas de ejercicio y perpetuaría una actividad que define su identidad.
A estos derechos individuales se suma el impacto económico de una posible prohibición. La tauromaquia genera un “derrama económico” (aportación económica extra que se realiza en una comunidad, corporación o asociación) significativo en regiones como Manizales, en donde las ferias taurinas impulsan la economía local, desde la hostelería hasta el turismo y los servicios relacionados. Las corridas de toros son un motor de ingresos y empleo para miles de personas, quienes verían en la prohibición un golpe devastador para sus actividades y medios de vida. No solo el sector privado se vería afectado, sino también los servicios de salud, que dependen en gran medida de los recursos generados por los eventos taurinos, fondos que serían difíciles de reemplazar en caso de eliminación de esta fuente de ingresos.
Para los críticos de la tauromaquia, el debate se centra en los derechos a la integridad física, psíquica y moral, particularmente en la percepción de que las corridas de toros constituyen un maltrato animal. Sin embargo, la Corte Constitucional, en su momento, desestimó estas acusaciones tras un análisis exhaustivo, considerando que el carácter cultural de esta práctica superaba las alegaciones de daño animal en el contexto específico de la tauromaquia. Este precedente legal es significativo, pues respalda la tesis de que esta actividad es legítima dentro de los marcos culturales y legales de Colombia.
La tramitación de esta ley en el Congreso tampoco ha estado exenta de controversias. Según informes, la propuesta legislativa fue gestionada por la comisión sexta en lugar de la quinta, como corresponde a las iniciativas relacionadas con temas culturales y tradicionales. Esta irregularidad podría afectar la legitimidad de la ley, y la Corte Constitucional evaluará también si el procedimiento seguido fue adecuado y respetuoso de las normas legislativas.
En una sociedad de hombres y mujeres libres, como lo establece la Constitución colombiana, la decisión final sobre la tauromaquia recae en la Corte Constitucional, que deberá resolver entre prohibir o regular una práctica que represente tanto un legado cultural como un pilar económico. Este tribunal, máxima garantía de la Carta Magna, tendrá que analizar si la ley en cuestión es compatible con los principios de libertad, justicia, igualdad y derechos fundamentales, o si se requiere una regulación que permita la continuidad de la tauromaquia de manera responsable y respetuoso con los valores y principios constitucionales.
La expectativa es elevada en todo el país, pues el fallo de la Corte no solo afectará a los amantes y detractores de la tauromaquia, sino que también tendrá repercusiones en los derechos de los colombianos y en el desarrollo económico de las comunidades que dependen de esta. tradición. En última instancia, la decisión de la Corte sobre el futuro de las corridas de toros en Colombia podría establecer un precedente de gran relevancia sobre la preservación de las tradiciones culturales en una sociedad democrática y pluralista.
